El Condado de San Diego analiza tema de inmigración

La expectativa de una importante reforma al sistema de inmigración del país en las próximas semanas por parte del presidente Barack Obama ha generado gran interés en todo el Condado de San Diego. Todo mundo está atento al tema, desde la industria hotelera hasta la agrícola, el sector de alta tecnología y la comunidad pro defensa de inmigrantes.

La semana pasada se informó que los cinco millones de inmigrantes que viven sin documentos hoy en día en los Estados Unidos recibirían protección gracias a las nuevas medidas del gobierno. Lo anterior ha generado esperanza para algunos y levantado críticas de parte de otros, tanto en el ámbito nacional como local.

No importa de qué manera se desenvuelva el asunto, muchos residentes de San Diego podrían verse afectados. De la población sin documentos en California (alrededor de dos millones de habitantes), se estima que 180 mil personas, cantidad mayor a la población de Escondido, viven en el Condado de San Diego, de acuerdo con un informe del año pasado preparado por el grupo no partidista Public Policy Institute of California.

Solo otros dos condados en el estado cuentan con más habitantes sin documentos: el condado de Los Ángeles, con 900 000 y el condado de Orange, con cerca de 300 000.

Los cambios “van a ser de gran ayuda, ya que hay una gran cantidad de personas sin antecedentes penales, que pagan sus impuestos y tienen hijos nacidos en los Estados Unidos”, dijo Anna Hysell, abogada de inmigración en Escondido.

Pero Pete Núñez, exfiscal federal en San Diego, dijo que “cualquier cosa que se haga para beneficiar a cualquier clase de extranjeros ilegales ofrece más incentivos para que más personas entren ilegalmente”.

Núñez, quien es presidente de la junta del Centro para Estudios de Inmigración, un grupo con sede en Washington que aboga por políticas de inmigración más estrictas en los Estados Unidos, dijo que “tanto la vigilancia fronteriza como las normas que fortalezcan el cumplimiento de la ley en el lugar de trabajo... deben estar en operación antes de que se tome cualquier medida”.

El momento exacto para implementar los cambios no está claro, y la Casa Blanca ha dicho que no esperaba que el presidente analizara las recomendaciones sino hasta finales de esta semana.

Pero van semanas de anticipación: Sin una reforma integral de inmigración aprobada por el Congreso, el presidente ha afirmado su autoridad para usar su poder presidencial y ordenar grandes cambios en el sistema de inmigración del país.

“Envíenme un proyecto de ley que pueda firmar, y las acciones ejecutivas se eliminan”, dijo el presidente este mes, tras las elecciones de medio término.

La propuesta de Obama tiene como punto central el permitir que muchos padres de niños nacidos en Estados Unidos o residentes legales reciban permisos de trabajo, según informes de prensa que citan funcionarios de la presidencia.

Los cambios también implicarían la concesión de un mayor número de visas a personas con preparación en industrias de alta tecnología. Se incluirían también nuevas directrices para la aplicación de violaciones a la ley de inmigración, así como el aumento de recursos para reforzar la seguridad en la frontera entre Estados Unidos y México.

En San Diego, los cambios a gran escala a las normas de inmigración del país han generado mucho interés y han dividido a la delegación congresional del condado. Entre los que manifestaron su oposición a las medidas la semana pasada estuvo el Rep. Duncan Hunter, republicano por Alpine, cuya oficina envió un comunicado diciendo que “si el presidente piensa que esto hará obligatoria una legislación de amnistía por parte del Congreso, está seriamente equivocado”.

Del lado opuesto estaba la Rep. Susan Davis, demócrata de San Diego, quien dijo en un comunicado que “el presidente está mostrando liderazgo ante un problema que la Cámara no ha atendido. Todavía hay tiempo para que el presidente de la Cámara presente al Senado el proyecto de ley bipartidista para debate y votación”.

Por su parte, los miembros de las agencias federales de aplicación de la ley que podrían verse afectados por los cambios han mostrado cautela en sus reacciones. Una portavoz en San Diego dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas refirió las preguntas a la Casa Blanca.

Shawn Moran, vocero de la Patrulla Fronteriza del Consejo Nacional, dijo que “una vez que el presidente presente una propuesta de manera pública, haremos comentarios al respecto. No queremos enredarnos en la histeria”.

El viernes 14, la Cámara Regional de Comercio de San Diego aprobó los cambios que se espera tengan lugar.

La declaración de Paola Ávila, directora de la cámara del Centro de Empresas de México, calificó la reforma migratoria como “una política muy necesaria para la comunidad empresarial de San Diego”. Dijo que los cambios propuestos “ayudarían a crear un mejor clima de negocios, proporcionando a nuestros negocios una abundante fuerza de trabajo calificada que pueda desarrollarse aquí y elevar el comercio transfronterizo”.

Una medida que ampliaría el número de permisos de trabajo para extranjeros con títulos universitarios y con preparación en áreas de alta demanda ha despertado especial interés por parte de las empresas de la industria de alta tecnología y biotecnología en San Diego.

Muchos propietarios de negocios en estos sectores “están observando de cerca para ver qué acciones tomará el presidente”, dijo Claudia Martorell, abogada en Larrabee Albi Coker, un bufete de abogados de inmigración en Sorrento Valley, con clientes en los sectores de tecnología y biotecnología.

Eric Larson, director ejecutivo del San Diego County Farm Bureau, que cuenta con 5000 miembros, calcula que de unos 10 000 trabajadores agrícolas en el condado, cerca de la mitad “están trabajando con documentos incorrectos”. Él tiene la esperanza de que las medidas que tome la administración pongan fin a la incertidumbre: “Necesitamos que esto se resuelva”.

Entre las personas ávidas de información está Marta Díaz, de 43 años, quien llegó de México hace 15 años y vive en National City. Ella y su marido, ambos indocumentados, tienen tres hijos, dos de ellos nacidos en los Estados Unidos. Los cambios “sería una gran oportunidad para nosotros”, dijo Díaz. “Cambiaría nuestras vidas. Nos gustaría poder trabajar legalmente y tener una vida mejor para nuestros hijos”.

Los cambios también podrían mejorar la situación para la residente de Vista, Angélica Salazar, de 43 años, quien llegó a los Estados Unidos hace 15 años de la Ciudad de México. Salazar, que trabaja como niñera, dijo que la acción podría ayudarla a conseguir un mejor trabajo para mantener a su familia. El padre de Salazar, que fue deportado hace dos años, fue encontrado muerto en el desierto en el 2013 después de tratar de cruzar la frontera.

La madre de cuatro hijos, dijo: “No puedo ir a lugares con mis hijos por temor a meterme en problemas”. Tener un estatus legal “me daría mucha tranquilidad”, dijo, “porque no somos delincuentes, no le estamos robando nada a nadie. Se beneficiaría todo el mundo”.

Los grupos defensores de inmigrantes en San Diego en general expresaron su apoyo a los cambios. “Tanto San Diego como el país se beneficiarían de ello”, dijo el activista Enrique Morones del grupo Ángeles de la Frontera.

Otros están a la espera de obtener más información antes de celebrar. “Es un tema que todos tenemos en mente. Hay mucha especulación”, dijo Pedro Ríos, director del

U.S./Mexico Border Program of the American Friends Service Committee. “Si aumentan las medidas de control fronterizo sin ninguna consideración seria de la manera en que Aduanas y Protección Fronteriza necesita ser reformada, creo que el augurio no es nada bueno para las comunidades fronterizas”.

Una preocupación que se ha planteado es la posibilidad de fraude, dijo Daniel Alarcón de Alianza San Diego. “Ya estamos viendo que abogados y notarios están anunciando sus servicios para lo que venga”, dijo. “Estamos pidiéndole a la gente que no acuda en este momento, que esperen hasta que el presidente Obama anuncie algo, y que se informen”.