Editorial: Una casa de ‘cuidados’ debe cuidar

Los reportes del año pasado sobre los centros de vivienda asistida para personas de la tercera edad fueron alarmantes. Deadly Neglect (Negligencia mortal), una investigación de 10 meses hecha por el U-T San Diego y el Center for Health Reporting de la California Health Care Foundation, arrojó abuso y una impresionante falta de cuidado en los lugares que supuestamente deben atender a las personas de edad avanzada.

La serie en septiembre y diciembre sacudió a los hacedores de políticas. Los legisladores estatales introdujeron recientemente un paquete de leyes llamado Residential Care Facility for the Elderly Reform Act of 2014 (ley de reforma para centros residenciales de personas mayores), que incluye inspecciones más frecuentes e incrementa la pena por violaciones a los cuidados.

El martes pasado, el gobierno del condado tuvo la oportunidad de mejorar la vida de residentes en viviendas asistidas. Los supervisores Dianne Jacob y Greg Cox han introducido propuestas que mejorarían la supervisión, desarrollarían mejoras a las instalaciones y crearían un programa piloto dentro de la Oficina del Fiscal para investigar y procesar crímenes contra los residentes.

Se esperaba que las propuestas enviadas a la Junta de Supervisores se aprobara fácilmente, como debería, no solo para proteger a aquellos en viviendas asistidas, sino para abordar lo que el condado llama The Silver Tsunami (Tsunami de Plata), el creciente número de personas mayores de 75 años o más que conformará la población del condado en los próximos años.

Según SANDAG, en seis años, 213 000 personas conformarán esa población; para el 2030, se espera que ese número alcance los 325 000, y diez años después, 449 000.

Estas personas de la tercera edad no debieron haber pasado por eso. El reporte del Watchdog del U-T encontró que el abrumado Departamento de Servicios Sociales del estado apenas realizaba inspecciones a las casas de vivienda asistida. Las multas por violaciones a la seguridad eran absurdamente bajas, $150 máximo, incluso si alguien hubiera muerto, lo que sí pasó. En el lapso de los últimos cinco años, al menos 27 personas de edad avanzada sucumbieron a lesiones o negligencia en lugares donde los cuidaban. Los crímenes dentro de las casas raramente eran reportados a las autoridades policiales locales. La fuerza policial interna del DSS no había hecho un solo arresto en nueve años. Los registros eran llevados inadecuadamente y no estaban disponibles en línea, lo que hacía muy difícil que las familias investigaran casas que pudieran cuidar de sus seres queridos.

Las provisiones sometidas a la junta buscan mejorar estas deficiencias. Incrementarían el personal para el cuidado a largo plazo en el programa ombudsman para regresar a los niveles pre-2009 de ocho defensores de tiempo completo de los cuatro que trabajan ahorita. El equipo, asistido por voluntarios, visitaría las casas de cuidados sin previo aviso y darían seguimiento a las quejas. También se planea un sistema de calificación que desarrollaría el lugar de residencia asistida y el condado. Y para darle más duro al castigo de aquellos que abusan de las personas, la Oficina del Fiscal formaría una unidad especial que se coordinaría con agencias locales y estatales, expertos médicos y grupos de apoyo para atacar los crímenes que suceden dentro de esos lugares de cuidados a personas.

Con estos cambios, nos estaríamos yendo de la negligencia mortal a cómo deberíamos vivir en nuestros años próximos: seguros y cómodos.

 
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