Exhiben extorsión de CTM en Tijuana
TIJUANA, BC — El líder de la CTM en Baja California, Eligio Valencia Roque, acordó con el ex Alcalde Jorge Ramos hacerle propaganda a cambio de un inmueble valuado en 7.8 millones de pesos.
La transacción se realizó el 29 de noviembre de 2010, un día antes de que concluyera la Administración de Ramos y a la cual pertenecía Valencia Roque como regidor en el Cabildo.
De acuerdo con diversos documentos a los que tuvo acceso Grupo Reforma, el líder sindical, quien es secretario general de la Federación de Trabajadores del Estado de Baja California desde 1994 y dirigente del Sindicato Control Proletario de Oficios Varios de la CTM, se comprometió a promover la figura del ex Alcalde a través de su empresa Editorial Kinos S.A. de C.V.
En el acuerdo, aprobado en el acta 48 de la sesión de cabildo de la fecha señalada, se estableció que Valencia Roque recibiría en pago un inmueble que era propiedad del municipio con una superficie de 8 mil 390.6 metros cuadrados, valuado en 7 millones 887 mil 225 pesos, ubicado en el desarrollo urbano Las Villas Tijuana.
El pago, que requirió desincorporar previamente el inmueble del patrimonio del Ayuntamiento, sería para que Valencia Roque realizara trabajos de edición, impresión y circulación de 245 mil ejemplares de un periódico de 32 páginas a cuatro tintas, así como 45 mil encartes y el reparto, distribución y circulación de 200 mil ejemplares de periódico.
Entre los objetivos, justificó en ese entonces el director de Comunicación Social, Álvaro Ávila Vázquez, estaba el posicionar al ex Alcalde como un auténtico líder que buscaba el bien común de los tijuanenses y resaltar lo que se consideraban los logros de su administración (2007-2010).
Sin embargo, con el cambio de Administración, el área jurídica del Edil Carlos Bustamante revisó el contrato realizado y determinó que todo el procedimiento estuvo plagado de irregularidades.
De acuerdo con la ley, indica el oficio elaborado por la Dirección Jurídica, la contratación no podía hacerse mediante adjudicación directa, ya que el monto del contrato supera los 13 mil días de salario mínimo, lo que obligaba a realizar una licitación pública en la que participaran distintos ofertantes.
Además, en la sesión del Cabildo en que se aprobó la transacción participó Valencia Roque, circunstancia que contraviene el Reglamento de Adquisiciones municipal, que establece que no se pueden celebrar contratos en los que un servidor público tenga un interés personal o de negocios.
Otra irregularidad es que no se podía promover la figura del ex Alcalde, pues la Constitución establece que la propaganda institucional en ningún caso debe personalizarse en la figura de algún servidor público.
Estas anomalías provocaron que la Administración de Bustamente -quien dejó el cargo el pasado 30 de noviembre-, suspendiera la publicación del acta del Cabildo en el Diario Oficial del Estado y la Gaceta Municipal, por lo que el acuerdo no ha cobrado vigencia jurídica y Valencia Roque no ha podido obtener el predio.