Jueza para la ejecución de mexicano en Texas y pide datos sobre el compuesto

PENA DE MUERTE

Fotografía fechada en el año 2000 que muestra la cámara de la muerte donde los presos fallecen por inyección letal, en la Unidad Paredes en Huntsville (Texas), EE.UU. EFE/Archivo
Fotografía fechada en el año 2000 que muestra la cámara de la muerte donde los presos fallecen por inyección letal, en la Unidad Paredes en Huntsville (Texas), EE.UU. EFE/Archivo

— Una jueza federal de Houston (Texas) paralizó hoy dos ejecuciones inminentes, una de ellas de un preso de nacionalidad mexicana, porque argumenta que el estado texano no facilita suficiente información sobre el compuesto químico que se usa en esta práctica.

De esta forma, la orden judicial de la jueza Vanessa Gilmore bloquea la ejecución mañana jueves del preso Tommy Lynn Sells y también la del próximo miércoles de Ramiro Hernández Llanas, de nacionalidad mexicana, según recoge el documento que la corte federal facilitó a Efe.

"La corte suspende las ejecuciones previstas de los demandantes hasta que la información identificada se produzca", concluye la jueza en su orden de 5 páginas.

Así, las ejecuciones quedan bloqueadas hasta que el estado rompa el secretismo en torno a la procedencia de las sustancias usadas en las inyecciones letales y revele el nombre de los proveedores de estos componentes sedantes introducidos en la inyección letal.

La jueza pide que se facilite a los dos presos la "plena revelación del producto con el que Texas causará su muerte" y poder así hacer uso de la información sobre el dolor que podrían afrontar para abrir una posible acción judicial.

Para la jueza, no tener detalles sobre los componentes químicos que se usarán viola los derechos constitucionales de los dos presos.

El Departamento de Justicia Criminal de Texas obtuvo hace dos semanas una nueva provisión del fármaco pentorbital, un sedante, y alegó razones de seguridad para no hacer público el proveedor de la sustancia ni otros detalles sobre el componente.

La posible ejecución de Hernández Llanas, de 44 años, abría de nuevo la tensión internacional porque el estado de Texas escenificaría un nuevo desacato a la resolución de la Corte Internacional de Justicia, el llamado "Fallo Avena", que en 2004 ordenó la revisión de 50 casos de mexicanos condenados a pena capital.

A estos mexicanos en Estados Unidos no se les habría respetado su derecho a la notificación y asistencia consular.