Buscan regresar a deportados que firmaron salida voluntaria

Para Norma Chávez, de ACLU, con esta práctica, miles de personas no podrían regularizar su condición migratoria.  
Para Norma Chávez, de ACLU, con esta práctica, miles de personas no podrían regularizar su condición migratoria.   — Cortesía ACLU

La Unión de Libertades Civiles Estadounidense (ACLU) presentó esta semana una demanda colectiva que busca que las personas que hayan dejado el país al firmar su salida voluntaria por la presión de oficiales federales, puedan volver a Estados Unidos y presentar su caso ante jueces de inmigración.

La denuncia acusa a la Patrulla Fronteriza y a la oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) de presionar a indocumentados detenidos, principalmente mexicanos, con desinformación, engaño e intimidación para que firmen su salida voluntaria.

Norma Chávez, directora de la ACLU en los condados de San Diego e Imperial, dijo en conferencia telefónica que con esas prácticas, miles de personas han firmado sin saberlo documentos en los que renuncian a sus derechos de presentar su caso ante jueces y regularizar su condición migratoria.

La demanda colectiva fue presentada en una corte federal en nombre de siete mexicanos que fueron detenidos y deportados sin tener antecedentes criminales y que fueron presionados para firmar su salida.

El abogado Sean Riordan explicó que una de las consecuencias de firmar salida voluntaria es la prohibición de reingresar al país durante un periodo de diez años.

“Nadie debería estar obligado a tomar una decisión tan importante sin conocer todas sus repercusiones”, dijo.

Riodan comentó que si las personas que salieron del país al firmar su salida voluntaria sin ser detenidos, al tratar de regresar podrían ir a prisión y luego ser deportados.

La demanda presentada está abierta, agregó, para incluir a otras personas que pudieran tener casos similares.

Lucero Chávez, abogada de inmigración de ACLU, declaró que agentes de la patrulla y el ICE “detienen por contacto fortuito a inmigrantes sin antecedentes y les advierten que estarán presos indefinidamente o que también será detenida su familia, si no firman la salida voluntaria”.

Por lo general, declaró, se trata de padres con hijos residentes legales o ciudadanos estadounidenses y que quedan en condiciones vulnerables en el país.

El abogado Anthony Stiegler, quien también representa a los siete deportados tras su salida voluntaria, dijo que la práctica de distorsionar los derechos legales de los individuos es inconsistente con las nociones fundamentales de justicia y del debido proceso que contempla la Constitución.

Ninguna de las fuentes proporcionó a Enlace un número o un promedio específico de casos en los que las autoridades de migración cometerían ese tipo de desinformación, pero la abogada Lucero Chávez dijo que es una práctica ‘rutinaria’.

La demanda fue presentada en Los Ángeles porque ahí residían las siete personas integradas a la demanda colectiva pero fue la oficina de ACLU de San Diego la que presentó la denuncia.

La directora de la agencia en San Diego, Norma Chávez dijo que su oficina abrió un sitio de internet sobre el tema con información en español en la dirección www.aclusandiego.org.