Continuarán bloqueadas secciones de ley migratoria de Carolina del Sur

JUSTICIA

La gobernadora republicana Nikki Haley firmó la SB 20 después de su aprobación en las dos cámaras legislativas del estado sureño el 27 de junio de 2011, convirtiéndola en una de las leyes estatales migratorias más controversiales del país. EFE/Archivo
La gobernadora republicana Nikki Haley firmó la SB 20 después de su aprobación en las dos cámaras legislativas del estado sureño el 27 de junio de 2011, convirtiéndola en una de las leyes estatales migratorias más controversiales del país. EFE/Archivo

— La Corte de Apelación del Distrito 4 determinó mantener bloqueadas las previsiones de la ley de inmigración SB 20 de Carolina del Sur de convertir en delito estatal no portar documentos de inmigración y penalizar a personas que asistan a indocumentados.

La decisión de hoy responde a la apelación presentada por el Estado de Carolina del Sur el pasado mes de diciembre al fallo del juez federal de distrito Richard Gergel en 2011, quien determinó que estas dos partes de la legislación no podían ser implementadas.

Dichas partes, el tribunal escribió, "criminalizan inadecuadamente actividades que deben ser regularizadas únicamente por el Gobierno federal".

"Convierten en delincuentes a los extranjeros que sólo tratan de ir a la escuela, trabajar y cuidar a sus familias", resaltó la corte en su dictamen.

La gobernadora republicana Nikki Haley firmó la SB 20 después de su aprobación en las dos cámaras legislativas del estado sureño el 27 de junio de 2011, convirtiéndola en una de las leyes estatales migratorias más controversiales del país.

Desde su promulgación, la SB 20 ha sido desafiada en corte por el Gobierno federal por considerarla "inconstitucional", así como por varios grupos de defensa de los derechos de los inmigrantes como la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU).

El Gobierno de México también presentó en marzo pasado ante la Corte de Apelaciones un escrito titulado "Amigo de la Corte" para apoyar las demandas de las diversas organizaciones de la sociedad civil que buscaban mantener suspendidas ambas disposiciones.

Sin embargo, el mismo juez Gergel permitió que el Estado aplicase la otra parte de la ley que otorga a los agentes del orden público poderes para cuestionar el estatus migratorio de las personas detenidas por diferentes infracciones.

Esto con el fin de ponerse a la par con el fallo emitido por la Corte Suprema de Justicia en junio de 2012 con respecto a esa misma disposición contemplada en la legislación de inmigración de Arizona SB 1070.

Tammy Besherse, abogada del Centro de Justicia Legal Appleseed de Carolina del Sur, una de las varias organizaciones que ha luchado para evitar la puesta en marcha de la SB 20, explicó hoy a Efe que todavía el Estado puede apelar de nuevo la decisión de hoy de la corte.

"Esta ley sigue siendo problemática, y sobre todo, la parte de 'muéstreme sus papeles'. La gente está pensando más en la reforma migratoria y cuando se podrán regularizar, pero mientras esto suceda, los inmigrantes que no puedan demostrar su legalidad en Carolina del Sur podrán ser detenidos y deportados", aclaró Besherse.

La abogada enfatizó que el mismo juez Gergel ofreció la opción a las organizaciones proinmigrantes de retar la cláusula de "muéstreme sus papeles" con casos concretos de violaciones a los derechos civiles de los inmigrantes.

"Hasta ahora no hemos podido compilar los casos aunque sabemos que los hay, gente que está siendo detenida por perfil racial pero nadie se ha atrevido a presentarnos una denuncia, quizás por miedo o porque esperan la reforma migratoria", apuntó Besherse.

Iván Segura, presidente del Consejo de Mexicanos en la Carolinas, recibió la decisión de la corte con "beneplácito" al considerar que los inmigrantes corren mucho riesgo de pérdida de documentos migratorios al ser obligados a portarlos todo el tiempo.

"De la misma forma no perdemos de vista que aún sigue vigente de la cláusula 'muéstreme sus papeles', y seguimos trabajando para conseguir quejas de los inmigrantes y usarlas en un futura como prueba del tono discriminatorio de la ley", apuntó.

La SB 20 además dispone la creación de una unidad especial de inmigración para investigar casos penales contra los inmigrantes que viven en el país sin documentos, la primera del país, y que en su primer año de funcionamiento ha sido calificada de "eficaz" por la gobernadora Haley.

Desde julio de 2012 a marzo de este año, la unidad ha investigado 43 casos, de los cuales 17 resultaron en arrestos.

 
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