ACLU demanda a Protección fronteriza por prohibir tomar fotos en garitas

ACLU demanda a Protección Fronteriza por prohibir tomar fotos en garitas

Tomar fotos en la zona fronteriza no está permitido.
Tomar fotos en la zona fronteriza no está permitido. — UT San Diego

— La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda contra la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza por hostigar a dos ciudadanos que tomaron fotografías en garitas, hecho que calificaron como “anticonstitucional”.

La queja fue presentada ante la Corte Federal del Distrito Sur de California y se tiene un lapso de 60 días para que la agencia federal conteste a las acusaciones.

De acuerdo con Sean Riordan, abogado de ACLU, esta acción viola la Primera Enmienda de la Constitución y preocupa el hecho de que se esté hostigando a ciudadanos, obligándolos a entregar sus celulares para que posteriormente, su contenido sea borrado.

Asimismo, mencionó que esta actitud limita qué ciudadanos puedan documentar, de ser el caso, abusos por parte de agentes en las garitas.

“Individuos tienen el derecho de la Primera Enmienda de tomar fotos y videos de agentes de aduanas haciendo su trabajo en puertos de entrada”, mencionó.

Enfatizó que agencias como la CBP pueden interrogar a ciudadanos sobre las fotos, pero no obligarlos a borrarlas.

Por su parte, M. Andrew Woodmansee, socio de la firma legal Morrison & Foerster, que apoya en la demanda, recalcó en un comunicado de prensa, que los ciudadanos tienen el derecho a monitorear actividades de agencias de seguridad.

“Recientemente, el Departamento de Justicia declaró sobre el derecho de un ciudadano para recolectar información sobre oficiales de gobierno, incluyendo fotografías, es parte de la Primera Enmienda en proteger y promover la libre discusión de los asuntos del gobierno”, mencionó en el comunicado.

Las dos personas que demandan a la agencia federal, son Ray Askins, ciudadano americano que reside en Mexicali Baja California y el activista Christian Ramírez, también norteamericano que vive en San Diego y dirige la agrupación Alianza San Diego.

En abril de 2012, Askins estaba a cargo de una investigación sobre el exceso de contaminación en la frontera. Para documentar dicha presentación, tomó algunas fotografías al área de inspección secundaria en la garita de Caléxico.

Al percatarse de ello, dos agentes de CBP se aproximaron a Askins y le exigieron que borrara las fotos, de lo contrario “destruirían su cámara”, según se relata en la demanda. Al negarse, fue arrestado y sometido a inspección física. Para cuando fue puesto en libertad, se le entregó su equipo fotográfico sin las imágenes que había captado.

Askins escribió una queja al director del puerto de entrada y recibió la respuesta de que “debido a políticas de seguridad en CBP, se prohíbe que visitantes tomen fotografías o videos sin autorización previa”.

Por su parte, Christian Ramírez, también director de la Coalición de Comunidades al Sur de la Frontera señaló que el incidente que tuvo con agentes de aduanas ocurrió en junio de 2010.

El activista se encontraba en compañía de su esposa cuando se percataron de un retén de seguridad en la salida peatonal hacia Tijuana. Oficiales estaban inspeccionando a mujeres.

Ramírez consideró que la acción era cuestionable por lo que tomó fotografías con su teléfono celular desde el antiguo puente peatonal.

Al descender del puente, oficiales le arrebataron sus pasaportes y de manera agresiva, le exigieron que entregara su celular para borrar las fotografías.

El activista enfatizó que con la demanda no se pedirá compensación económica, solo se buscará que CBP de algunas respuestas en ambos casos y prevenir que otros ciudadanos reciban dicho trato.

“Queremos que CBP reconozca que los derechos constitucionales aplican también en las puertas de entrada”.

El 28 de mayo de 2010, alrededor de una docena de agentes propinaron una brutal golpiza al mexicano Anastasio Hernández en la zona de deportaciones ubicada a unos pasos de la frontera con México.

La evidencia quedó grabada en teléfonos celulares de dos testigos, cuyas imágenes causaron indignación en toda la comunidad fronteriza, debido a que muestra que los oficiales golpearon al inmigrante a pesar de que éste clamó por ayuda y jamás mostró resistencia o comportamiento agresivo.

Dicho material, llegó hasta el conocimiento de 16 legisladores de los Estados Unidos, quienes recientemente impulsaron que la Oficina del Inspector General abriera una investigación a la Patrulla Fronteriza.

De acuerdo a Christian Ramírez, se tiene reporte de que otros testigos también pudieron captar el hecho pero se les decomisaron sus celulares.

“Conforme hay más acceso a la tecnología, prácticamente cada persona ya lleva consigo una cámara de video o fotográfica y se vuelve mucho más común documentar incidentes y esto le preocupa a la corporación”, consideró el activista de San Diego.

Finalmente, mencionó que la respuesta por parte de Aduanas y Protección Fronteriza ha sido que no se permite tomar fotografías o video por motivos de seguridad nacional.